Incluyo algunos comentarios directos del discurso, que consta de 24 páginas (7,500 palabras) para aquellos lectores interesados en el tema. Lo ideal sería leer todo el discurso y considerar la tesis principal del autor–«los problemas sociales y económicos que vive Puerto Rico en la actualidad se debe a su relación colonial con los Estados Unidos.» Aunque declarar esto es como descubrir a América en pleno siglo XXI, escucharlo de un Juez Federal, que sirve y valida al colonizador, es quizas lo más notable. Así que te invito a leer cada párrafo, con los énfasis hechos por mí, ya sea subrayados o en negritas, para tener un cuadro claro del por qué la propuesta de una Junta de Supervisión fiscal para dirigir el país. Como siempre…Muchas bendiciones.
El estatus de Puerto Rico no ha cambiado ni un poquito en todo este tiempo, como tampoco el estatus de sus ciudadanos. Apenas cinco años después de que a los puertorriqueños se les otorgara la ciudadanía estadounidense en 1917, la Corte Suprema decretó –de manera bastante increíble– en Balzac v. Porto Rico, que lo único que significaba la concesión de la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños era que ellos se podían mudar a EE.UU. continental y allí ejercer sus derechos en pleno como ciudadanos, pero que no disfrutarían de la plenitud de sus derechos como ciudadanos de EE.UU. mientras residieran en Puerto Rico.
Ya que mi tiempo es limitado y ya que quisiera exponer ante este foro los hechos que demuestran, más allá de toda duda razonable, cómo se ha abusado de Puerto Rico al clásico estilo colonial, y cómo esto nos ha llevado a nuestra lamentable situación actual, permítanme presentarles la definición del término «colonia», tomada del Diccionario de Ciencias Sociales de la Unesco. El término «colonia» allí se define como «un territorio, subordinado de varias maneras –política, cultural o económica– a un país más desarrollado [en el cual] el poder legislativo supremo y gran parte de la administración recae en el país dominante, que usualmente [es] de un grupo étnico distinto al de la colonia». Uno tendría que sufrir de una disfunción grave en todo el sentido de la palabra para concluir que esta definición no le cae como anillo al dedo al aplicarse a la relación entre EE.UU. y P.R.
A ello le siguió una consulta apresurada a las Naciones Unidas de parte de los Estados Unidos, para buscar una dispensación para Puerto Rico de parte de la ONU que reportara los requisitos impuestos a aquellos países que tienen territorios que no son autónomos. Esto se logró mediante muchas trampas y forcejeos de parte de los representantes de los Estados Unidos junto a algunos líderes políticos puertorriqueños, un logro que algunos describieron, muy correctamente en mi opinión, como un «engaño monumental«. Pues, aunque estas acciones resultaron en la expulsión de Puerto Rico de la lista de colonias de la ONU, la Ley Pública 600 fue, en el mejor de los casos, una medida estética. Los ciudadanos de Puerto Rico continuamos en desventaja nacionalmente, incapaces de votar por el Presidente o el Vicepresidente, de ser representados en el Congreso por representantes y senadores con voto, y sin tener voz ni voto en cuanto a las leyes que nos aplican.
La desigualdad discriminatoria en subsidios cuando comparamos a los ciudadanos americanos en Puerto Rico con sus contrapartes en el continente es una larga tradición y, desafortunadamente, es autorizada por ley. La Corte Suprema ha justificado el trato discriminante del Congreso en contra de los residentes estadounidenses en Puerto Rico en dos casos –Harris v. Rosario– concluyendo que «mejores beneficios podrían interrumpir gravemente la economía puertorriqueña». Esta fue una conclusión que el juez Marshall lógicamente rechazó, pues lo interpretó como una aseveración similar a que el Congreso tenía la intención de ayudar a los más pobres menos y mantener a Puerto Rico en desventaja.
Tal y como se explicó anteriormente, en la actualidad e históricamente el problema básico y fundamental de la economía puertorriqueña siempre ha sido que esta es una economía que genera una cantidad significativa de riquezas, pero que se queda con muy poca, una circunstancia típicamente colonialista. Las industrias principales de Puerto rico –químicas, farmacéuticas, electrónicas y de manufactura de equipo científico– son todas dominadas e impulsadas por compañías multinacionales basadas en los EE.UU., cuyas ganancias netas de sus operaciones en Puerto Rico superaron los $14,000 millones solo en 1995. Es la misma historia cuando se habla de turismo, la segunda industria más grande en la Isla, la cual emplea al nueve por ciento de su fuerza laboral, con casi todos los hoteles pertenecientes o controlados por capital en los Estados Unidos. En conjunto, casi cuatro de cada diez dólares generados por trabajadores puertorriqueños terminan en las arcas de una firma estadounidense.
Ha sido a propósito que no he discutido la contribución de la clase política de Puerto Rico al fiasco en que la Isla actualmente se encuentra, pues aunque indudablemente se lleva algo de la culpa porque, primero que todo, dicha incursión significaría una discusión sin algún final previsible o resultado productivo, y segundo porque al final, si es que en algún punto hallamos un final, todo lo que encontraríamos sería que la causa subyacente y principal de los problemas de Puerto Rico es su propia condición colonial. Aunque las entidades políticas de Puerto Rico han inevitablemente desempeñado un papel, el de ellas no solo ha sido uno limitado y parroquial, sino que, aún más importante en mi opinión, no ha sido uno decisivo. Cualquier distracción de esa verdad fundamental, de que nuestra condición colonial es la causa principal del desastre al que nos enfrentamos ahora, resta valor a cualquier esfuerzo de encontrar una solución.
Y así les dejo con un último pensamiento: esperemos que el Congreso y otros en posiciones importantes tomen nota y consideren las consecuencias potencialmente explosivas de esa la propuesta sobre la Junta de Control Fiscal que el Congreso le hace a Puerto Rico y a su población de ciudadanos estadounidenses que, incluso en el contexto de una relación de explotación como la de Estados Unidos hacia Puerto Rico, es completamente escandalosa.
SIN MIEDO A PENSAR 
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